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Informe Especial

Envían cada vez más presos del conurbano a la cárcel de Saavedra

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Debido a la desmedida sobrepoblación carcelaria se incrementa el traslado de detenidos del Gran Buenos Aires al interior. Y crecen los riesgos. "Si vos tenés que dar clase en un aula con 60 alumnos, cuando la capacidad es de 20, será casi imposible. Es igual que resocializar internos en las mismas condiciones, con el agravante que el excedente es mucho más peligroso".

   Gráfica la comparación de un alto funcionario judicial para trazar la problemática carcelaria actual en nuestra ciudad: a la sobrepoblación se le sumó un agravante: hay cada vez más detenidos del conurbano en la cárcel de Villa Floresta.

   Se cree que el número se triplicó desde los últimos años a la fecha. Hoy son unos 160 de la población de más de 800. Y existe un riesgo latente.

   ¿Qué sucedió? La política criminal llevó a incrementar el número de detenciones -con menos beneficios excarcelatorios- y a dejar el sistema al borde de la detonación, con más de 38 mil presos y un sobrelímite del 40%.

   La mayor sobrepoblación, por lógica, se da en los establecimientos carcelarios del Gran Buenos Aires, a los cuales se busca descomprimir para evitar el colapso. ¿De qué manera? Trasladando presos a las penitenciarías menos congestionadas, como Bahía Blanca (UP4) o Saavedra (UP19).

   "Estamos muy complicados", reconoce el juez Onildo Stemphelet, quien se dedica a la ejecución penal, es decir al control y monitoreo de aquellas personas que cumplen condena por un delito cometido en nuestra jurisdicción.

   Según su explicación, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) pretende bajar el porcentaje de sobrepoblación en las unidades más críticas y de esa manera deriva reos a presidios del interior. "Visto de esa manera no parece malo, pero traer gente del Gran Buenos Aires genera un sinnúmero de conflictos", sostiene Stemphelet.

   "Llegan presos 'pesados'. Las autoridades (carcelarias) locales lo están controlando, pero deben extremar los recaudos porque existe un clima de mayor conflictividad", sostiene su colega Claudio Brun.

   A esa posición Stemphelet le agrega que "la forma de vida intracarcelaria e idiosincracia de esa gente es totalmente distinta a la que manejamos en esta zona. Hay choques, vienen con la actitud de imponerse o estar al mando de la unidad y entonces se generan inconvenientes".

   Dicen, incluso, que la postura desafiante de los presos foráneos se extiende hasta los guardiacárceles.

   "Esto provoca un contagio no solo de la vida intracarcelaria sino del afuera, porque preocupa por el tipo de delito que puede llegar a venir", arriesga Stemphelet.

   El incremento se observa con mayor claridad en la cárcel local, ya que en la de Saavedra, desde siempre, el cupo es mayoritariamente de internos ajenos al medio.

   "En Bahía, hasta hace algunos años, había 60 presos de afuera. Hoy ya son como 160", advierte Brun.

   La penitenciaría local está habilitada con 669 camastros, aunque la población actual, que varía constantemente por el ingreso y egreso de detenidos, siempre oscila en los 800.

Tampoco quieren que los trasladen

   Otra complicación -no menor- que genera esta medida es que ninguno de los internos trasladados quiere ser sometido a esa situación. La respuesta es clara: pese a estar privados de la libertad, no quieren alejarse de sus familias, que ya no los pueden visitar con frecuencia porque en muchos casos hay más de 600 kilómetros de distancia y, en la amplísima mayoría, son personas de muy bajos recursos.

   ¿Cuál es la reacción? los reos presentan casi de manera constante recursos de habeas corpus para volver a origen o plantean conflictos con el objetivo del traslado.

   La zona geográfica de nuestra ciudad, al sur de la provincia, es otro condicionante para el rechazo: frío intenso en el invierno y altas temperaturas durante el verano.

   Sin el vínculo primario y en esa condición, está probado que aumentan los factores de agresividad y falta de adaptación, además de desmejorar la conducta individual en personas que ya arrastran problemas delictivos.

   "Para el propio servicio es una complicación y es una de las cuestiones que uno no termina de entender. Todos los jueces les otorgamos a los penados el derecho de visitar a su familia y se utiliza un regimen que se denomina de 7x60, en el cual cada 60 días se los traslada a la unidad más cercana a su grupo familiar durante una semana. Eso, ahora, genera un tema de logística muy complicado", amplía Stemphelet.

   El año pasado, como medida de resguardo, el magistrado dispuso la prohibición de ingreso de presos ajenos a la jurisdicción en la Unidad Penal Nº 19. Sin embargo, la Cámara Penal anuló parcialmente la medida al entender que no correspondía su adopción sin darle intervención al Ministerio de Justicia, de quien depende el SPB.

   El martes 10 de este mes, representantes de la justicia local se reunirán con autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense. La intención es que, ante la sobrepoblación, se limite el ingreso de presos de otras partes.

   Hasta la semana pasada, las dos cárceles de esta región estaban superadas en su límite.

La encrucijada de los jueces

   A fines del año pasado, días antes del crimen de Abril Bogado en La Plata -una niña que fue víctima de una entradera- algunos jueces estallaron por lo bajo y al menos uno lo hizo públicamente. Se quejaban de lo que llamaron un peligroso doble discurso desde el Ejecutivo.

   Advertían que durante una reunión con las autoridades ministeriales, el mensaje fue descomprimir el sistema penitenciario como sea.

   Aunque cuando suceden casos como el de Abril -del cual tomó parte un sujeto con antecedentes y libertad anticipada- llueven las críticas y los cuestionamientos hacia el juez interviniente.

   El presidente de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Pablo Poggetto, reconoció públicamente la problemática: "Nos dicen 'señores, estamos colapsados, den más morigeraciones, más arrestos domiciliarios', pero una vez que pasa un hecho desgraciado, como el de La Plata, el poder político se pone de la vereda del reclamo y ajusticia al Poder Judicial".

   Los jueces también plantearon un problema legal para tratar de aliviar la carga penitenciaria, ya que la ley 13.943 modificó el Código Procesal Penal bonaerense y dejó casi al punto de la “excepcionalidad” el otorgamiento de la prisión domiciliaria en caso de procesados, con lo cual sería necesaria una reforma legislativa que nadie afrontaría hoy, teniendo en cuenta el, humor social y el costo político que podría acarrear.

   “El problema de fondo es saber qué está produciendo la cárcel o por qué tenemos una sociedad que genera tantos presos”, opina otro magistrado, para quien es muy difícil resocializar en un país que tiene casi el 30% de pobres y con un sistema penitenciario limitado en muchos aspectos porque, por ejemplo, existen detenidos que no pueden acceder a un psicólogo o no pueden trabajar o estudiar por falta de cupo.

Penas alternativas, ¿salida a la crisis?

   Un grupo de juristas, con la firme intención del gobierno central, está evaluando una serie de medidas modificatorias del Código Penal Argentino.

   Entre esa batería de posibles cambios figura la reformulación de las denominadas penas de ejecución condicional, es decir aquellas que no se cumplen de manera efectiva, salvo que el procesado incumpla alguna regla de conducta estando en libertad.

   Se evalúa que, para penas menores a 3 años, se incorporen definitivamente sanciones alternativas a la cárcel, en especial las tareas comunitarias, que podrían ejercer un rol mucho más resocializador que el encierro en estas condiciones, y más para el caso de los delitos considerados menos graves.

   "Creo que puede llegar a ser muy importante la modificación del Código Penal en lo que nos toca a nosotros, en la , de conmutar determinadas penas por tareas comunitarias, que hoy solo las manejamos hasta los 6 meses de prisión. Eso es posible que sirva para descomprimir porque, en términos generales, hay un alto porcentaje de cumplimiento de esas tareas", explica Stemphelet.

(*) LA NUEVA