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La Provincia prohibió cobrar impuestos municipales y otros servicios en las facturas de luz

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A través de una Resolución, Provincia determinó que no podrán cobrar tasas municipales ajenas en las boletas de luz. Mientras el oficialismo avala la medida, la oposición ya habla de inconstitucionalidad.Ya hubo amparos de intendentes. 

La Gobernadora canta retruco. Luego de enviar a la Legislatura dos proyectos para reducir impuestos en las tarifas de luz, gas y agua, ahora se sumó una nueva resolución que pone a los intendentes en guardia.

Se trata de una medida adoptada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, que dispone que las facturas que emitan las distribuidoras provinciales o municipales solo deberán contener "conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica".

Como se sabe, son muchos los distritos que incluyen en las boletas tasas municipales ajenas al servicio eléctrico. Por ejemplo, en Tandil se cobra un gravamen para la cobertura de prácticas de alta complejidad en el hospital local.

Luján, por su parte, incluye impuestos para los bomberos voluntarios, fondos de infraestructura, acción social y seguridad. Chivilcoy, además, implementa tres tasas fijas para seguridad, educación y transporte público; mientras que en Junín se incluye una tasa de seguridad además de la denominada Conservación de la Vía Pública.

Mariano Uset, jefe comunal de Coronel Rosales por Cambiemos, negó que en su municipio se cobre alguna de estas tasas, pero entiende el trasfondo de la medida. “Todos tenemos que hacer cuentas y sacrificio. Tengo una administración muy austera, no hay mucho margen para abajo. Viajo a La Plata en un auto 98, no consigo más viejos”, graficó el mandamás.

En tanto, el peronista Alfredo Fisher, mandamás de Laprida, consideró que la resolución de OCEBA es inconstitucional y que aquellos municipios que “presupuestaron sus recursos con la legalidad de esos cargos los desfinancia a mitad de ejercicio”.

En la misma línea opinó Alberto Conocchiari, jefe comunal de Leandro N. Alem. "Es un desatino, porque compromete su cobro, y en consecuencia la calidad de la prestación. Esto hasta se relaciona con la seguridad. Además sospecho que es inconstitucional porque no se pueden cercenar esas facultades y carece el OCEBA de potestad para hacerlo".

"Es romper lo que funciona sólo para relativizar la falta de racionalidad en el aumento de las tarifas", añadió.

El malestar de los jefes comunales con la Provincia no es nuevo. Primero se quedaron sin el Fondo de Seguridad, después sin el Fondo de Infraestructura, se vieron prácticamente en la obligación de adherir al Pacto Fiscal y pierden 1400 millones por la desfinanciación del Profide (Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial).

Como si fuera poco, Vidal decidió reducir una alícuota del 6 por mil que percibe la Provincia en las tarifas de luz y de un 6 que se destinan a los municipios y de un 4 que también perciben las comunas de las tarifas de agua. Este último punto fue el del problema. No el párrafo claro, sino los 1300 millones de pesos que perderían. Una vez analizado el tema, los jefes comunales pusieron el grito en el cielo que, ahora, se suma con una nueva medida que reduce sustancialmente sus ingresos.

Los intendentes deberán determinar, en este caso, si eliminar directamente las tasas o cobrarlas por separado. Esta última alternativa, en tanto, no les asegura un alto índice de recaudación.

PRIMER AMPARO:

El municipio de San Antonio de Areco considera que la medida perjudica los intereses del distrito al afectar la cobranza convenida con las cooperativas. Plantea cuestiones de autonomía de las decisiones y califica a la decisión de "intempestiva".
La decisión del Gobierno de María Eugenia Vidal de prohibir al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) de cobrar tasas municipales en la boleta de la luz, generó la primera instancia judicial para revertirla.

El paso lo dio el municipio de San Antonio de Areco, comandado por el intendente K, Francisco "Paco" Durañona, que presentó un recurso de amparo ante lo que considera una "intempestiva Resolución N°167/18 del citado organismo, que establece que las facturas a usuarios que emitan los distribuidores provinciales y municipales, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente, solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica".

La presentación señala que busca "preservar la integridad de los derechos y garantías del municipio", aclarando que "el Municipio de San Antonio de Areco percibe sus tasas municipales a través de convenios de gestión de cobros suscriptos con las Cooperativas Eléctricas locales., a saber “Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Crédito y Vivienda Ltda. de San Antonio de Areco” y “Coop. de Obras y Servicios Públicos de Villa Lía” .
Así, a través de la “Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Crédito y Vivienda Ltda. de San Antonio de Areco” se perciben las tasas municipales de alumbrado público y servicios sanitarios (comprende agua corriente desagües cloacales y masterplan cloacal y pluvial) correspondientes a la localidad de San Antonio de Areco.
Mientras que a través de la “Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Villa Lía” se percibe la tasa municipal de alumbrado público correspondientes a la localidad de Villa Lía".

LA RESOLUCIÓN DEL OCEBA:

La resolución del Oceba publicada ayer en el Boletín establece que las facturas a consumidores que emitan los distribuidores provinciales y municipales “solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.

En ese marco, ordena a los distribuidores provinciales y municipales que las facturas a usuarios que se emitan “no podrán incorporar conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de energía eléctrica”. Eso, con excepción de las cargas vinculadas al servicio de alumbrado público.

En los fundamentos de la resolución firmada por el Oceba, se detalla que el organismo ha venido recibiendo varios reclamos de usuarios “denunciando el cobro de conceptos ajenos al servicio sin la correspondiente autorización e incluso, en aquellos casos en los que el usuario goza de la gratuidad del servicio, como es el caso de los electrodependientes”.

La resolución fue adoptada luego de que Vidal avanzara, a través de decretos y proyectos enviados a la Legislatura, con la eliminación de impuestos que se cobran en los servicios de luz, agua y gas.

En tanto, otro proyecto también promovido por el gobierno provincial y que apunta a eliminar de las tarifas otros impuestos cuya recaudación iba a las arcas de los 135 municipios está siendo discutido en la Legislatura, en medio de una pulseada política.

Es que la medida afecta las finanzas municipales, por lo que generó rechazos entre los intendentes.

(*) LA TECLA Y EL DIA