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PRESUPUESTO PROVINCIAL: Punto por punto, así fue la negociación

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Junto con el ingreso del Presupuesto 2019, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires expresaron su malestar por una serie de cuestiones. El enojo, no fue solamente de la oposición, sino que los propios alcaldes de Cambiemos se quejaron en reuniones privadas y elevaron su bronca al ministro de Economía, Hernán Lacunza.

Los motivos de los enojos eran una serie de imposiciones. Por un lado, el gobierno de María Eugenia Vidal ponía un tope para que el aumento de las tasas municipales no pueda superar el orden del 38 por ciento. Por el otro, obligaba a los distritos del Conurbano a hacerse cargo del CEAMSE, lo que representaría unos 2.500 millones de pesos.

El combo lo cerraba el traspaso del subsidio a la tarifa social y al transporte público. Estos últimos puntos, llegaron desde la Nación a la Provincia, y la gestión de Vidal buscó que sigan el camino hasta que las comunas se hagan cargo. Ese cuarteto de “problemas”, fueron los temas centrales de la negociación del oficialismo.

“Cambiaron la manera de negociar, sacaron las vacantes en los organismos de control del juego y ahora los intendentes tienen que pelear porque no les ajusten los distritos”, comentó a La Tecla.info uno de los diputados que no responde a alcaldes. Claro, mientras la sesión se demoraba, avanzaban las reuniones entre el oficialismo y los jefes comunales para llegar a un consenso.

En la Gobernación, el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, mantuvo el teléfono en constante funcionamiento para hablar con los líderes de cada sector que está fuera de la Legislatura, y con los conductores legislativos de Cambiemos. En la Legislatura, en tanto, las negociaciones las concentró el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca.

En la semana previa, el principio de acuerdo para suprimir los cuatro ejes de la discordia era una realidad. Sin embargo, los jefes comunales peronistas no quisieron que se trate de un acuerdo de palabra y pasar el convenio a un papel hizo que todo sea más lento y que cada letra se estudie minuciosamente.

De esa manera, las conversaciones del oficialismo con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su ladero, Juan de Jesús, del Partido de la Costa, cerraron en lo que un sector de la oposición calificó como “una obviedad”.

“Le dieron lo que ellos (Cambiemos) quisieron, lo obvio”, explicó uno de los legisladores que no quedó del todo conforme con la negociación. “Nada más pusieron en la mesa los subsidios, la Ceamse, todo lo que era inviable”, abundó al tiempo que detalló que “hay bronca con Martín (Insaurralde), otra vez”.

Con dicho panorama, el gobierno bonaerense se hará cargo de de la implementación de la Tarifa Social de Energía Eléctrica y la de asentamientos, con un costo de alrededor de $8.000 millones. Además de asumir también la tarifa de energía eléctrica correspondiente a asentamientos y usuarios.

En el mismo sentido, la Provincia asume los pagos que correspondan a la compensación tarifaria y del gasoil de los servicios prestados en los municipios, unos 2500 millones de pesos. Solo lo hará “por encima del importe destinado por la Nación durante el Ejercicio 2018” con recursos de coparticipación y mediante convenio con cada Municipio.

Asimismo, el gobierno provincial afrontará los recursos para sostener los pagos de la tarifa social de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), estimados en 742 millones de pesos, según se desprende del documento final al que tuvo acceso este medio.

Por otro lado, la Provincia avanzó en una serie de concesiones como la autorización al Tribunal de Cuentas de la Provincia a eximir de las sanciones previstas en su Ley Orgánica intendentes y funcionarios que hayan autorizado recursos afectados para otros fines.

La cláusula está prevista en el artículo 34 del proyecto modificado y representa una demanda de los jefes comunales, quienes hicieron pesar el contexto de crisis económica como argumento. Se aclara, no obstante, que el cambio de destino de los fondos debe estar fundado en “razones de carácter excepcional”.

"Estos recursos deberán ser restituidos a las cuentas correspondientes en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, desde el cierre de ejercicio en el que hubieran sido utilizados”, se precisa en el artículo.

Por otro lado, Provincia le impone a aquellos Municipios que tengan déficit un “Plan de Saneamiento financiero” para cancelar el déficit en tres años, “a razón que impacte como mínimo un treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%)” en cada ejercicio.

En tanto, la Provincia introdujo la creación de un régimen especial de ayuda financiera para “financiar total o parcialmente obras municipales”, una declaración que a muchos hace acordar al Fondo de Infraestructura Municipal.

En el caso de la diputada Marisol Merquel, votó de manera negativa el presupuesto y de manera positiva el endeudamiento provincial.