Reclaman a Kicillof la urgente aplicación de descuentos en garrafas por zona fría
Lo hizo, mediante una severa nota dirigida directamente al mandatario provincial, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los principales impulsores de la ley que extendió el alcance de Zonas Frías para descuentos en el precio del gas que se usa en los hogares.
El problema se explicaría porque las empresas de gas envasado no confían en que el Estado les transfiera las compensaciones por descuentos en tiempo y forma.
Más de un año después de aprobada la Ley 27.637 de Ampliación del Régimen de Zona Fría para usuarios de gas domiciliario, por parte del Congreso de la Nación, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sigue sin aplicar los descuentos a los usuarios residenciales de garrafas, cilindros, gas licuado de petróleo y gas propano comercializado a granel.
En efecto, aprobada en junio de 2021, la norma establece que los descuentos del 30% y del 50% en el precio del gas que se consume en los hogares, se aplique tanto en el servicio que se recibe por la red domiciliaria como en aquellos casos en que se usa gas envasado, como garrafas y tubos.
Los descuentos en las facturas del gas domiciliario se vienen aplicando normalmente, pero en garrafas y tubos nunca se implementaron.
Por ese motivo, el diputado nacional boanerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los principales impulsores y coautor de la ley de descuentos para el gas en Zonas Frías exigió, por escrito, al Gobernador Axel Kicillof y al ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, la “urgente intervención a los efectos de garantizar el cumplimiento de los descuentos para usuarios residenciales de gas en garrafas, cilindros y otros, tal como lo establece la Ley 27.637”.
En la nota, dirigida a ambos funcionarios, el Topo Rodríguez agregó que “se ha difundido públicamente la versión de que el incumplimiento de la ley se explicaría por la falta de entendimiento entre el Estado y las empresas del sector del Gas Licuado de Petróleo (de la industria, del fraccionado y de la distribución), originado en supuestos problemas financieros derivados de la aplicación de los descuentos”.
En particular, se trataría de un temor por las posibles demoras en el pago a las empresas de gas envasado, por parte del Estado. Existiría, según esas versiones, fuerte desconfianza por parte de las empresas, que temerían no recibir los fondos en tiempo y forma por parte del Estado, según se ha dejado trascender públicamente por parte de una asociación que nuclea a esas mismas empresas.
Por tal motivo, razonó el legislador nacional de origen tandilense en su carta a Kicillof, “no escapa a vuestro conocimiento que la Provincia de Buenos Aires cuenta con los instrumentos y mecanismos necesarios para superar ese escollo financiero, garantizando que las empresas cobren en un plazo adecuado y los usuarios reciban los descuentos que les corresponden”.
Sobre el final de la misiva, Rodríguez criticó “la falta de respuesta y la ausencia de información por parte de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires”, a cargo del Subsecretario Gastón Ghioni.
Dada la complejidad del asunto y la imperiosa necesidad de que se apliquen los descuentos en garrafas, el Topo Rodríguez también dirigió una nota con un pedido equivalente a la nueva Secretaria de Energía de la Nación, la Ingeniera Flavia Royón.
QUÉ DICEN LAS EMPRESAS
En una reciente publicación, difundida el 21 de julio pasado por la Asociación Iberoamericana de Gas Líquido de Petróleo (AIGLP), las empresas del sector de gas envasado dejan trascender que la no aplicación de los descuentos por zona fría en garrafas y tubos se debe a los siguientes motivos:
- “El recelo del sector (…) se debe a la cuestión financiera, principalmente, en un marco donde el pago de las compensaciones transitorias están lentas”.
- “La situación más complicada es la cuestión financiera. El dinero que deja de abonar el cliente, previa registración y otorgamiento de un código QR como único beneficiario, es pagado por el Estado”.
- “Entre que se presenta ese comprobante hasta que el Estado deposita en la cuenta bancaria (de las empresas) ese dinero, el tiempo oscila entre los 60 y 90 días. Una eternidad en momentos de alta inflación”.
