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    El municipio comenzó a compactar vehículos secuestrados

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    En el marco del Programa Nacional de descontaminación y compactación (PRO.DE.CO.) el juzgado de faltas realizó las actuaciones correspondientes y se compactaron 77 vehículos y una cantidad similar de motos que estaban decomisados en los depósitos municipales.

    Se generaron cerca de 80 toneladas de chatarra que la empresa compactadora – oriunda de Tandil – venderá a Acindar. La ganancia de dicha venta – que el municipio recibe dentro del los 5 a 10 días hábiles – se distribuirá un 90% para una institución (según establece la ordenanza municipal) en este caso el Centro de Día Amanecer y el 10% restante quedará para el municipio. El valor de la tonelada de chatarra compactada ronda los 5 mil pesos.

    Al respecto El juez de faltas, Juan Pablo Pomiés indicó “Existe una ley Nacional del año 2007 que crea el programa PRO.DE.CO., pero no se reglamento hasta febrero de 2021 de manera que no se establecía como implementar dicho programa. También a nivel provincial existe normativa sobre qué hacer con los vehículos que van quedando secuestrados, pero ocurre que el sistema no estaba dotado de determinada seguridad jurídica dado que una vez que el vehículo se saca de circulación para ser compactdo hay que lograr la baja en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Allí se contraponían la normativa nacional y la provincial en cuanto a quién daba las bajas ,cómo se tramitaban y quién se hacía cargo de los costos y la operatividad del proceso. Entonces con la reglamentación de la ley nacional se allanó el camino. En el distrito veníamos avanzados porque ya estábamos adheridos al sistema a través de una ordenanza del año 2015 que se modificó en el 2019” recordó el abogado.

    Sobre el proceso legal y administrativo, Pomiés detalló “El procedimiento es algo complejo porque hay que conseguir que el vehículo que se va a compactar haya cumplido todos los pasos necesarios: que el propietario esté enterado (en el 90% de los casos no coincide el titular con la persona a la cual se le secuestró el vehículo), hay que publicar edictos porque muchas veces no se puede notificar a esa gente dado que usualmente son titulares registrales de un auto que hace varios años que no tiene. Se publican esos edictos en el boletín oficial, en este caso en La nueva Provincia y después se puede avanzar en el proceso. Hay que iniciar por cada vehículo un procedimiento específico cumpliendo con todas las notificaciones legales” resumió el juez de faltas.


    “En este caso compactamos 77 vehículos y un número similar de motos. Pusimos como piso los autos secuestrados antes de 2018 (cuatro años decomisados) pero un auto que pasa más de 60 días luego de ser secuestrado y el titular no lo retira, la ley lo que considera abandonado” aclaró Juan Pablo Pomiés.


    Además el juez resaltó que dentro del PRO.DE.CO. los vehículos solo pueden ser compactados, a diferencia de la ley provincial donde se prevé la afectación de los rodados a bienes públicos, transmisión a terceros o el remate. En estos casos el procedimiento es más complicado” señaló Pomiés. “No obstante desde el área de legales municipal se está trabajando para llevar adelante algún proceso de estas características” añadió el abogado.


    “Si bien los vehículos quedan secuestrados bajo la órbita de custodia del juzgado de faltas, no es dicho juzgado quién debe llevar adelante cualquier trámite de estos. Nosotros tomamos el compromiso de hacerlo porque no lo hacía nadie, pero se puede hacer desde cualquier esfera del municipio. Desde el área de legales se está trabajando en avanzar sobre la afectación de alguno de los vehículos a la órbita pública o el remate para que sean comprados por terceros” adelantó.


    Al referirse al programa de compactación Juan Pablo Pomiés destacó que existen solo cuatro empresas que brindan este servicio en todo el país por lo tanto hay que solicitar que lleguen al distrito y después esperar el turno.

    La compactación permite descomprimir los depósitos municipales y evitar un foco de contaminación. En este sentido el juez de faltas indicó que aún restan alrededor de 100 autos y unas 200 motos que se encuentran secuestrados en los galpones que el municipio utiliza en comodato y pertenecen al ferrocarril.

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