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martes, enero 19, 2021
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    (por Walter Ditrich).- Luis Espinoza; Lucas Verón; Raúl Dávila, Florencia Magalí Morales; Franco Maranguello;  Josè Antonio Avila; Facundo Escalo, Diego Arzamendia; Augusto Itaurralde; Lucas Barrios; Alan Maidana; Rubén Sarso; Gastón Mirabal; Walter Ceferino Nadal; Brandon Romero. Son nombres. Pero no son sólo nombres. Detrás de cada uno hay una historia. Están los hijes, los padres, las madres, los sobrinos, los nietos, los amigos, los novios, los sueños truncados, los recuerdos y el futuro que ya no será.

    Luis, Lucas, Raúl, Florencia, Franco, José, Facundo, Diego, Augusto, Lucas, Alan, Rubén, Gastón, Walter, Brandon, fueron asesinados por las policías de Argentina desde el inicio de la cuarentena.

    El Estado es responsable. Hacen falta políticas públicas para terminar con los asesinos de uniforme. Desde la patota  asesina de Camps , pasando por “la maldita policía” y anclando en “la doctrina Chocobar”, los gatillos se siguen disparando fácil, pero no las pistolas no se disparan solas.  El Estado, y buena parte de la clase política, se sigue excusando hablando de  “excesos” y “manzanas podridas” . Y ocultan desde la acción o la omisión una lógica siniestra en la que la policía recauda, presiona, controla, libera zonas y dispara en los barrios?.

    Durante la dictadura cívico militar, el genocida Ramón Camps hizo de “la Bonaerense” un cuerpo policial para estatal dedicado al terrorismo de Estado. Posteriormente, con la reinstalación del régimen constitucional, esta estructura se perfeccionó para hacer cargo del estado mayor del crimen organizado, con complicidades políticas, fiscales y judiciales. Salvo algunos intentos de depuración y corrección, que siempre fracasaron, y por falta de energía en la aplicación de esas decisiones, el mantenimiento de esa trama macabra, causal última de la inseguridad en la Provincia, quedó transformada en una constante.

    Según la CORREPI, entre diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019, “un total de 1833 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal, en 1435 días de gobierno”. Traduciéndolo, durante el reinado de Bullrich hubo una muerte por violencia institucional cada 19 horas en la era Macri.

    En la actualidad se releva un caso de gatillo fácil cada 21 horas y ya suman un total de 6500 los casos notificados desde la vuelta a la democracia en el año 1983. Las cifras, los números, son contundentes. Hay 6500 víctimas, que reclaman justicia y una democracia que garantice la vida de todes.  6500  historias truncas desde 1983 a la fecha.  Dicho genéricamente: en la Argentina  las fuerzas de seguridad matan a un pibe cada dos días.

    No son excesos individuales de algunos policías sino que son las fuerzas represivas del Estado que cumplen con su rol.

    EL ESTADO ES RESPONSABLE. APARICION CON VIDA DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO.

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