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sábado, marzo 6, 2021
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    DSC_0225A PESAR DE QUE LAS DEUDAS SÓLO ASCIENDEN AL 10% DEL PATRIMONIO; LA JUSTICIA INCREÍBLEMENTE NO LE APLICA LA LEY DE SALVATAJE DE ENTIDADES DEPORTIVAS. POR LO QUE LA INSTITUCIÓN DE CALLE BELGRANO CORRE PELIGRO DE REMATE.

    EL PRESIDENTE JUAN PABLO GONZÁLEZ DIO DETALLES DE UNA INTRINCADA HISTORIA donde la justicia sigue replicando gravísimos errores. « Racing estaba mucho peor en su relación entre bienes y deudas, y le dieron la posibilidad del salvataje. ¿Por qué a nosotros no?» se preguntó González.

    El Club Independiente de Pigüé se encuentra atravesando desde hace años una muy difícil situación judicial que se originó en un juicio laboral. Si se aplicara la ley de salvataje de entidades de deportivas la institución de calle Belgrano no debería tener problemas. Pero la justicia llamativamente no ha hecho lugar a ese reclamo y la situación de la institución pigüense es más que delicada.
    Para interiorizarnos de la misma entrevistamos a su presidente, Juan Pablo González.

    -¿En qué estado se encuentra el Club Independiente?-
    – «El club está atravesando un proceso concursal que devino en quiebra por no haber llegado a un acuerdo con los acreedores. Todo es consecuencia de un desequilibrio financiero producido como resultado de una sentencia adversa en un juicio laboral, y las deudas del club se refieren a ese juicio».

    -¿La situación puede revertirse?-
    – «Aplicando la ley puede revertirse. Más teniendo en cuenta que el problema del club es financiero, no económico, ya que cuenta con un gran capital. Se encuentra vigente la Ley 25.284 que prevé un mecanismo de salvataje para entidades deportivas en crisis que cuenten con patrimonio suficiente para continuar con sus actividades e ir cancelando sus deudas. Se ha aplicado en varios casos, siendo el más conocido el de Racing de Avellaneda. Efectuamos el pedido en el año 2.007 y hasta el momento nos ha sido denegado, pese a que las deudas rondan el 10% del patrimonio».

    -¿Por qué motivo no se aplica el régimen?-
    – «Pese a los numerosos planteos judiciales efectuados no hemos conseguido que la factibilidad de su aplicación se evaluara seriamente. A mediados de 2007 renunció el síndico que había intervenido en el proceso hasta ese momento, y fue designado otro. En ese entonces  venció el plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores. El nuevo síndico le sugirió a la jueza que dictara la quiebra y que por el momento no estableciera el salvataje de la Ley 25.284, lo que se analizaría cuando contara con más información ya que aún no conocía al club ni había visto la  documentación. En ese informe preliminar le informó a la jueza los inmuebles del club por la valuación fiscal. Y en otra parte de ese mismo escrito reconoció que si se aplicaba el salvataje, él sería desplazado de sus funciones y reemplazado por la administración del fideicomiso de la Ley 25.284».

    – El club que hizo?-
    –  «Al ver los errores que contenía ese informe, desde el club presentamos al expediente la correcta valuación de los inmuebles, demostrando que excedían largamente en valor a las deudas, y acompañamos una proyección financiera de ingresos que mostraba la posibilidad de salir adelante. Cuando la jueza pidió opinión al síndico, éste respondió que ya se había decidido no aplicar el salvataje y que era “cosa juzgada” por lo que no podía reabrirse la discusión. La jueza no advirtió la contradicción del síndico respecto a su informe anterior (en el que había sostenido que la aplicación del salvataje se evaluaría cuando contara con mayor información). Pero además, el club presentó los datos en Noviembre de 2007 y el decreto reglamentario de la Ley 25.284 obliga a que se analice la aplicación del salvataje cuando el síndico presenta el informe general con los bienes y deudas, lo cual ocurriría en febrero de 2008. Era falso que no podía volver a tratarse la cuestión: era obligatorio hacerlo».

    -Es decir que la jueza cometió un «error»…-
    – «Resultó inadvertido para la jueza, y también en las sucesivas etapas de apelación, que pese a los reclamos del club nunca aclararon cómo no podía volver a ser tratado algo que la ley obligaba a tratar nuevamente incluso si el club no lo hubiera pedido. Es alarmante que pese a todos los reclamos que efectuamos en el expediente no hayamos encontrado a lo largo de la estructura judicial una persona que se detenga un momento a evaluar cómo atenta contra la legalidad y contra la razonabilidad pretender rematar todos los bienes de un club en marcha, para afrontar deudas que rondan el diez por ciento del valor de esos bienes. Máxime cuando hay una ley que expresamente contempla tal situación y prevé un mecanismo de salvataje».

    -¿Qué hicieron entonces desde el club?-
    – «Buscamos organismos que pudieran intervenir, y les presentamos los elementos que demostraban las irregularidades del proceso judicial. Tras varias gestiones y el suministro de los elementos que acreditaban nuestros dichos, la Secretaría de Deportes de la Provincia de Bs. As. se involucró directamente y el Defensor del Pueblo, a través del sector de Derechos y Garantías también adoptó una activa participación. Ambos organismos solicitaron recientemente una audiencia al juez para buscar una solución a la crisis del club, e insólitamente fue rechazada en primera instancia. Son organismos públicos, ya no es sólo nuestro pedido, y pese a ello el poder judicial se muestra reacio a celebrar una simple audiencia donde se pueda analizar la situación del club y la posible solución de la crisis de acuerdo a la ley vigente».

    – Y cuál puede ser la razón de ni siquiera recibir la inquietud?-
    – «No alcanzamos a adivinar qué puede haber detrás, qué puede motivar ese comportamiento y esa falta de interés en analizar la fundamentación del remate de bienes que superan tan holgadamente las deudas, y la negativa a aplicar la ley vigente. Sufrimos una total indefensión, no se menciona en los fallos nada en relación a nuestros pedidos. Quiero que quede bien claro que no pedimos que nos perdonen las deudas, sino que nos permitan pagarlas de acuerdo a la ley que está vigente. Racing estaba mucho peor en su relación entre bienes y deudas, y le dieron la posibilidad del salvataje. ¿Por qué a nosotros no?. La ley es la misma para todos los clubes argentinos. No tenemos noticias de que en el Departamento Judicial de Bahía Blanca se haya aplicado en ningún momento, y así como hoy necesitamos de su aplicación nosotros, mañana puede necesitarla algún otro club. Nuestro problema es coyuntural y podemos afrontarlo con nuestros propios recursos. Sin embargo, nadie en la justicia se digna evaluar seriamente nuestra situación.

    -¿Y las actividades del club durante este tiempo?-
    – «Nunca se interrumpieron. El club es el único en todo el distrito de Saavedra que ofrece la práctica federada de basquetbol y pelota a paleta. Se continuó participando en los torneos oficiales e incluso, en pelota a paleta, se obtuvieron dos títulos provinciales. Todo gracias al apoyo y trabajo de la gente cercana al club. Incluso hemos desarrollado algunas de las medidas que habíamos propuesto allá por el 2007 para aumentar los ingresos de la institución. Y sólo algunas porque nuestra situación procesal ha limitado nuestras posibilidades, ya que el encargado de la administración del club es el síndico. Sólo vino una vez en julio de 2007 para inventariar los bienes y hacerse de los registros, y nunca se hizo cargo de tareas que la ley le confiere tales como el cobro de los créditos y de las cuotas sociales. Ansiamos que el juez nos conceda la audiencia para mostrarle, con el aval de la Secretaría de Deportes de la Pcia. y del Defensor del Pueblo, que nuestro club es plenamente capaz de salir adelante. De hecho ya lo hubiera logrado si se hubiera otorgado el salvataje, como la ley manda, en el 2007. Es todo tan claro, que la audiencia no demoraría más de una hora.

    -Si no obtuvieron la aplicación en este tiempo, ¿aún tienen esperanzas?-
    – «Es tan clara y tangible la posibilidad de salir adelante que las esperanzas están. Lamentablemente enfrentamos el peor de los escenarios, que consiste en que los obstáculos son planteados desde el poder judicial mismo, ya que el síndico interviniente es un funcionario judicial y es quien ha impedido la aplicación del salvataje, que lo desplazaría de su cargo tal como él mismo reconoció en su primer informe. Muchas personas que no conocen al club cuando comenzábamos a explicarles la situación nos decían que era como la película “Luna de Avellaneda”, acerca de un club que no podía subsistir. Pero no es comparable, porque el Club Independiente tiene varias alternativas para hacerlo, y de hecho ya ha concretado algunas de ellas. Si se pretende trazar una analogía con alguna película, hay muchas más cosas en común con el documental “Rati Horror Show” de Enrique Piñeyro, acerca del caso de Fernando Carrera, condenado injustamente a prisión por una maniobra urdida por algunos policías y funcionarios judiciales para inculparlo. En nuestro caso ha sido el accionar del síndico lo que ha impedido injustamente la aplicación del salvataje que lo desplazaría de su cargo.

    -Esa respuesta encierra una acusación bastante grave…-
    – «Lo que te expresé, e incluso más, se encuentra denunciado en el expediente, sin que se nos haya brindado hasta el momento una respuesta, sin que nadie se haya dignado analizar los hechos. Y más que la acusación, lo que es grave es la situación misma. La ley 25.284 del salvataje es una ley muy sencilla, de un articulado muy breve. Junto con su decreto reglamentario, no ocupa más de cuatro carillas. Si el artículo 5º de su decreto reglamentario establece que debe analizarse la aplicación del salvataje en el momento de presentar el informe general (en nuestro caso en febrero de 2008) no se ajusta a la ley el hecho de que te respondan un pedido formulado en noviembre de 2007 rechazándolo argumentando que es una cuestión que ya fue definida y no puede volver a tratarse. Y el hecho de que te lo repitan instancias superiores en una forma mecánica, por inercia y sin análisis, no lo vuelve justo, sino que es una mera reiteración del error, inducido inicialmente por el síndico, que como te dije, de aplicarse el salvataje era automáticamente desplazado de sus funciones. Además, los legisladores le asignaron tal importancia a la subsistencia de este tipo de entidades, que en el artículo 5º obligan a los jueces a aplicar las disposiciones de la Ley 25.284 en cualquier estado de la quiebra, de oficio. Y la ley fue declarada de orden público, es decir de cumplimiento imperativo sin importar las acciones de los particulares. Osea que se defiende no sólo el interés del club, sino de la sociedad en su conjunto».

    – Es como que en el caso de Independiente salió todo mal…
    – « Lamentablemente, vemos cómo en nuestro caso particular inciden una serie de hechos extremadamente desafortunados para el club, que van desde el sorteo del síndico que nos ha tocado, que antepone sus propios intereses a la correcta aplicación de la ley y en quien los magistrados depositan una confianza que no merece, hasta la situación del propio juzgado por el que desfilan jueces subrogantes desde hace años, por jubilación de la jueza que actuaba originariamente. Ello atenta contra la posibilidad de que puedan conocer acabadamente el derrotero del expediente, porque tales jueces siguen a cargo de sus juzgados originales y además deben resolver cuestiones de un juzgado adicional, durante breves lapsos en que son designados. Entonces se limitan a decir que una cuestión ya fue analizada por otro magistrado y no reparan en que ese análisis en realidad no fue tal, porque los bienes considerados no estaban por el valor correcto (se usó la valuación fiscal de los inmuebles en vez de su valor real) ni reparan en que el rechazo del pedido por “cosa juzgada” era incorrecto porque al momento del informe general debía evaluarse la aplicación del salvataje, y no reparan tampoco en que la Ley 25.284 obliga al análisis de aplicación del salvataje en cualquier estado del proceso»-

    – Osea, nadie volvió a reanalizar la cuestión…-
    – «Siempre nos responden en forma mecánica que el asunto ya fue tratado, y no se efectúa ningún análisis. Se reitera la errónea aplicación de un principio procesal y se evade el tratamiento de la cuestión propiamente dicha, y de la terrible injusticia que encierra».-

    -Es un panorama poco alentador entonces….-
    – «Nos aferramos a la esperanza. Ya no estamos solos, porque la Secretaría de Deportes de la Pcia. y el Defensor del Pueblo nos avalan. Y alcanzaría con que el juez a cargo nos concediera una breve audiencia para que la verdad se haga presente en el proceso y puedan comprobar la serie de irregularidades que han derivado en el estado actual del expediente. Reitero, la situación crítica del club ya se habría superado en caso de que se hubiera aplicado la ley correctamente y podemos demostrarlo. Sólo necesitamos que prime el sentido común y que antes de liquidar bienes por diez veces el valor de las deudas, aunque sea se analice lo que nosotros, la Secretaría de Deportes y el Defensor del Pueblo tenemos para decir y demostrar. Es una obligación de la justicia, y afortunadamente contamos con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, organismo con el cual evaluaremos además las medidas a adoptar contra quienes tan flagrantemente impiden que se respeten los derechos del club que la ley consagra».

    – Resta esperar que tengan fortuna, por el bien de la institución…-
    – «Muchas gracias. También quiero agradecer a todos los que ponen el hombro para que el club continúe brindando su servicio, a las casi mil personas que avalaron con su firma el pedido de intervención del Defensor del Pueblo, a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Deportes de la Pcia. de Bs. As., al intendente y a los miembros del Concejo Deliberante del Partido de Saavedra que puestos al tanto de la terrible injusticia que se está cometiendo contra el club se han abocado a través de distintas medidas a intentar remediarla. Y aprovecho la oportunidad que me das para dirigirme, en caso de que esta nota pueda llegar hasta él, al Gobernador de la Pcia. Daniel Scioli, para solicitar su intervención en la búsqueda de justicia para nuestra institución, ya que ha sido el principal impulsor de la Ley 25.284 cuando era legislador y, según hemos leído, ha sido también jugador de pelota a paleta en forma federada, una de las disciplinas que ofrece nuestro club».

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