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    La diputada Corrado pidió una ambulancia para cárcel de Saavedra

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    CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 92.100/2021.- PIGÜÉ, 16 de abril de 2021.-

    14947833 1371603839557589 1605668924827447253 nLa diputada María Marta Corrado (FR) presentó para que se entregue en forma inmediata una ambulancia a la Unidad Penitenciaria Nº 19 de la localidad de Saavedra, Distrito de Saavedra-Pigüé, a fin de garantizar la salud y la atención extramuros de los internos.

    “El proyecto completo es el siguiente:

    Solicitar al Poder Ejecutivo provincial, que a través del organismo correspondiente, entregue en forma inmediata una ambulancia a la Unidad Penitenciaria Nº 19 de la localidad de Saavedra, Distrito de Saavedra-Pigüé, a fin de garantizar la salud y la atención extramuros de los internos.

    FUNDAMENTOS

    La Unidad Penitenciaria Nº19 está ubicada en la localidad de Saavedra, Distrito de Saavedra-Pigüé, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

    Actualmente la Unidad Nº19 tiene un total de aproximadamente 700 internos, además de los 300 agentes penitenciarios que allí trabajan, y aproximadamente 20 profesionales. Esto hace que por la unidad transiten diariamente alrededor de mil (1000) personas por día, lo que representa casi una ciudad en sí misma, sobre todo si se tiene en cuenta que en el último censo, la localidad donde se localiza esta cárcel, arroja un total de 2106 habitantes.

    Sin embargo, desde hace muchos años la cárcel no cuenta con un vehículo sanitario a su disposición, necesario para el traslado eficaz e inmediato de los internos ante cualquier acontecimiento que lo amerite.

    Esto hace que en aquellas situaciones que requieren realizar el traslado de los internos, el Servicio Penitenciario deba hacer uso del personal y de la única ambulancia que tiene el Hospital Municipal “Miguel Ángel Svarch” de la Localidad de Saavedra, dejando en esos momentos sin cobertura a los habitantes de la población.

    Esta experiencia no ha traído buenos resultados. En el año 2009, mientras se trasladaba a la ciudad de Bahía Blanca a un interno de la Unidad Nº 19, la ambulancia del Hospital Municipal de Saavedra sufrió un accidente en la Ruta Nacional Nº 33, quedando totalmente destruida.

    En ese momento, los vecinos de Saavedra quedaron sin cobertura y para suplantar el vehículo, decidieron destinar el presupuesto participativo que le correspondía a su localidad para solventar parte de la compra de una ambulancia usada.

    La anécdota demuestra que durante éste tiempo ha sido el estado municipal quien ha suplido las carencias del estado provincial, poniendo a disposición de la institución carcelaria médicos, enfermeras y vehículos sanitarios municipales.

    Afirmar que las cárceles de la provincia de Buenos Aires reflejan un serio déficit en materia de salud no es algo nuevo. En estos años han sido numerosos los informes realizados por distintos organismos, poniendo de manifiesto ésta y otras problemáticas.

    A mediados de este año, La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) inspeccionó varios lugares de encierro focalizando en los sectores de sanidad, constatando la falta de acceso a la salud de las personas alojadas.

    El organismo afirma que lasa condiciones edilicias ruinosas, la alimentación deficiente, la falta de personal médico, de insumos y de medicación y serias dificultades para acceder a la atención extramuros provoca muertes evitables y son violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

    Frente a este problema estructural, la Comisión Provincial por la Memoria reclama que el Ministerio de Salud de la provincia asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud dentro del ámbito penitenciario.

    En los últimos meses, también ha sido el nuevo gobierno provincial quien puso de manifiesto la grave crisis por la que atraviesa el Servicio Penitenciario Bonaerense. La Gobernadora ha anunciado meses atrás una reforma Integral del Servicio Penitenciario, “a través de una Política de Estado que permita cumplir el mandato constitucional de tener prisiones para seguridad y reinserción, como centros de trabajo y educación, y no para mortificación de los detenidos”.

    Entendiendo que es el Estado quien debe asumir su responsabilidad para garantizar en forma efectiva el derecho de acceso a la salud de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, brindando igualdad de oportunidades para la población detenida y para la población en general, es que se realiza el presente Proyecto de Comunicación.

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