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    (por Walter Ditrich walter@semreflejos.com.ar) En los últimos días, el titular de un frigorífico local se quejó duramente porque se lo intimó a cumplir una disposición del SENASA. La misma, establece que desde su planta no puede sacar más 2.500 kg de vísceras por semana sin cocinar, como lo venía haciendo. Esos restos constituyen un riesgo sanitario y se venían utilizando para alimentar cerdos. En rigor, la reglamentación de cocinar esos desperdicios existía desde antes que Goy habilitara su frigorífico. Pero nunca se le había exigido.

    Y como suele suceder en el país de los argentinos se sale a tapar el pozo cuando el chico ya se cayó dentro. Después del brote de triquina de este año, el Ejecutivo Municipal se puso firme en hacer cumplir las leyes que esperan polvorientas en los cajones y por ello se relevaron criaderos de cerdos, se los intimó al traslado y se controló con marca personal a los frigoríficos.

    Desde el punto de vista legal, la intimación es inapelable. La ley es clara y Goy debería estar cumpliéndola desde hace tiempo.
    Ahora bien, ¿en qué se basa el concepto de legalidad?. En que las leyes sean de universal cumplimiento y que existan sanciones por infringirlas.
    Pero en nuestro pago chico -como en el resto del país-, existe una especie de tradición por la cual sólo los tontos cumplen al pie de la letra las reglamentaciones. Si al comportarse legalmente te sentís un tonto, significa que la gran mayoría gambetea sus obligaciones y lo sigue haciendo porque también se burlan las sanciones.

    La Ley, es una norma dictada por el Congreso de un estado. En este caso, viene a decir que el titular de el frigorífico «EL PERSEGUIDO» (paradójicamente así se llama el establecimiento) debe invertir alrededor de $40 mil en acondicionar su lugar para cocinar las vísceras. De lo contrario no puede operar.

    Pero los eruditos, también explican que además de las leyes, existen las «normas», que vienen a ser pautas de comportamiento general que tienen que ver con la moral, la ética y las buenas costumbres. La norma no escrita, en éste y otros casos, parece indicar que es casi seguro que quien comienza a querer cumplir con las leyes, se verá más perjudicado que quien sigue en la actividad clandestina.
    Como denuncia Goy -y es vox populi- existen muchas personas que faenan de manera clandestina eludiendo reglamentaciones sanitarias e impositivas. Sin embargo, los inspectores siempre van a controlar a quien está inscripto legalmente.

    Los argentinos somos campeones en hallar formas de vivir fuera de la ley y hasta convertir esa falta en una especie de «norma moral» donde el que cumple «es un boludo» y quien elude, demora, trampea o utiliza su picardía, es el «rey de los vivos». Se trata del típico criollismo donde las gambetas maradonianas se han traspolado en amagues a las reglas para que la tribuna grite «oleee» felicitando el regate.
    Un país serio no se construye desde esas gambetas.

    Goy deberá cumplir las reglamentaciones para seguir produciendo. Pero el estado, desde del Municipio pasando por los organismos provinciales y nacionales competentes; debe garantizarle que todos harán lo mismo. Y que los pícaros serán sancionados.
    Y no cabe aquí el argumento del «rebusque» para quien necesita trabajo. Goy genera empleo registrado y merece que las autoridades controlen a quienes desde la clandestinidad ponen en riesgo la salud de todos.

    Porque si el largo brazo de la ley sólo señala a quienes levantan la mano, los que viven en blanco se seguirán sintiendo unos tontos y los gambeteadores de leyes celebrarán como campeones.

    - Avisos -

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